Por la plena implementación de la Ley de Comunicación Audiovisual

La Ley de Comunicación Audiovisual (26522) fue resultado de un amplio y democrático debate, sin precedentes en la legislación argentina; 24 foros abiertos en todo el país, 1200 personas y entidades participantes; 800 propuestas y 160 modificaciones. Después de tres años de su aprobación en 2009 con una amplia mayoría por el Congreso de la Nación; después de ser reglamentada por el Poder Ejecutivo y ser convalidada por la Corte Suprema, en mayo y noviembre de 2012, recién entrará en plena vigencia a partir del 7 de diciembre. La Corte Suprema fijó esta fecha para destrabar la medida cautelar sobre el artículo 161 impuesto por el Grupo Clarín entendiendo que “no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión”. A partir del 7D, aquellas empresas que se excedan en el número de licencias autorizadas por la Ley deberán presentar sus planes de adecuación. Como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la democracia y la libertad de expresión se ven afectadas por la concentración mediática a través de monopolios u oligopolios. Hoy los medios de difusión masiva asumen una centralidad indiscutible en la conformación de las percepciones de la realidad social y política de la ciudadanía, y se convierten en un instrumento que les permite aprehender el universo de la cotidianidad. En este sentido, los medios no pueden ser el lugar de los negocios o de los intereses económicos; deben ser espacios democráticos y plurales que fomenten y garanticen condiciones de igualdad en el acceso al debate público. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual representa un cambio de paradigma, porque regula los medios de difusión masiva desde el derecho a la información y a la expresión. Su plena vigencia e implementación permitirá democratizar y diversificar el sistema mediático actual; ampliar derechos; fomentar la diversidad de voces; y promover la participación de diferentes actores en la prestación de servicios de comunicación. Este nuevo modelo comunicacional requiere un diálogo permanente entre el Estado y la sociedad civil para generar políticas públicas que impulsen el proceso democratizador. Desde ADAI apoyamos la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso de la Nación y apoyada por una inmensa mayoría de argentinos.