Esta semana se cumplen 40 años del último golpe de Estado Cívico Militar que inició la dictadura más cruenta de nuestra historia. Un gobierno de facto, responsable de la detención ilegal, tortura y desaparición de 30.000 personas, la apropiación de más de 500 niños y el incremento de la deuda externa que, entre otros saldos terribles, dejó un país hipotecado,
Este aniversario nos encuentra ante un escenario particular, marcado por el matiz de un nuevo gobierno, que ya ha dado claras señales acerca del camino elegido en materia de derechos humanos manifestado en acciones concretas y en declaraciones muy cuestionadas de algunos funcionarios como el Ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, e incluso del presidente Mauricio Macri. Se trata de un nuevo escenario al que llegamos luego de haber atravesado una etapa en la que se pusieron en marcha decisiones fundamentales por las que tanto habían luchado los organismos de derechos humanos y la mayoría de los argentinos en su conjunto. Medidas tales como el fin de las leyes de impunidad, la apertura de juicios sobre delitos cometidos en la última dictadura, la recuperación de centros de tortura como espacios de memoria, la visibilización de los actores civiles y de la cúpula empresarial cómplices en la planificación de los objetivos de la dictadura y una fuerte política educativa y sociocultural como condena de la dictadura, entre otras políticas de Estado que señalaron el comienzo de un momento histórico sin precedentes en la Argentina.
Actualmente, a pocos meses de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, el clima es de gran preocupación para quienes hemos defendido y acompañado las luchas de los organismos de derechos humanos. Preocupa la continuidad de las políticas de memoria, de los programas estatales vinculados a las causas y de la investigación de los delitos empresarios, la continuidad de los juicios, y además la reaparición de personajes que han sido cómplices civiles y beneficiarios de la última dictadura ocupando cargos de gestión estatal en este nuevo gobierno. sobre todo cuando lo que se ha visto es que el macrismo ha decidido prescindir de todas las estructuras, financiamiento y personal que en los últimos años y en distintos lugares del Estado trabajó en apoyo de la investigación para favorecer el avance de los juicios, en la Secretaría de DDHH, en el Banco Central, en el Ministerio de Justicia, en el programa Verdad y Justicia por citar solo algunos casos.
Nos preocupa también la escalada represiva a la que se expuso a los trabajadores en los últimos meses, el plan de achicamiento del estado que no sólo puso en marcha el cierre de programas y acciones, sino que también ocasionó el despido de casi 32.000 trabajadores en menos de tres meses, dando a su vez vía libre para el despido de trabajadores del sector privado, y proponiendo medidas que llevan a criminalizar la protesta. La inseguridad laboral crece, profundizada por una devaluación de más del 40% a la que se somete a la clase trabajadora.
Sumado a ello el progresivo y alarmante ataque a la libertad de expresión que comenzó con la inaceptable detención de la Diputada del Parlasur, Milagro Sala, y al que le sucedieron gravísimos hechos de violación a los derechos humanos y de persecución política e ideológica, acentuados por situaciones de violencia y tortura de las que fueron víctimas varios militantes en los últimos días: los asesinatos del activista senegalés por los DDHH Massar Ba y del docente santiagueño José Domingo Di Pietro, el secuestro y tortura de Lautaro Blengio – militante de derechos humanos y presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Media N 1 Rodolfo Walsh de la localidad de Miramar, los disparos con balas de plomo a militantes de Nuevo Encuentro, la represión a niños de la murga en villa 11-14 por parte de la Gendarmería, la clausura reiterada de unidades básicas, y el sugestivo silenciamento de medios de comunicación opositores.
Este aniversario nos encuentra ante un escenario particular, marcado por el matiz de un nuevo gobierno, que ya ha dado claras señales acerca del camino elegido en materia de derechos humanos manifestado en acciones concretas y en declaraciones muy cuestionadas de algunos funcionarios como el Ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, e incluso del presidente Mauricio Macri. Se trata de un nuevo escenario al que llegamos luego de haber atravesado una etapa en la que se pusieron en marcha decisiones fundamentales por las que tanto habían luchado los organismos de derechos humanos y la mayoría de los argentinos en su conjunto. Medidas tales como el fin de las leyes de impunidad, la apertura de juicios sobre delitos cometidos en la última dictadura, la recuperación de centros de tortura como espacios de memoria, la visibilización de los actores civiles y de la cúpula empresarial cómplices en la planificación de los objetivos de la dictadura y una fuerte política educativa y sociocultural como condena de la dictadura, entre otras políticas de Estado que señalaron el comienzo de un momento histórico sin precedentes en la Argentina.
Actualmente, a pocos meses de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, el clima es de gran preocupación para quienes hemos defendido y acompañado las luchas de los organismos de derechos humanos. Preocupa la continuidad de las políticas de memoria, de los programas estatales vinculados a las causas y de la investigación de los delitos empresarios, la continuidad de los juicios, y además la reaparición de personajes que han sido cómplices civiles y beneficiarios de la última dictadura ocupando cargos de gestión estatal en este nuevo gobierno. sobre todo cuando lo que se ha visto es que el macrismo ha decidido prescindir de todas las estructuras, financiamiento y personal que en los últimos años y en distintos lugares del Estado trabajó en apoyo de la investigación para favorecer el avance de los juicios, en la Secretaría de DDHH, en el Banco Central, en el Ministerio de Justicia, en el programa Verdad y Justicia por citar solo algunos casos.
Nos preocupa también la escalada represiva a la que se expuso a los trabajadores en los últimos meses, el plan de achicamiento del estado que no sólo puso en marcha el cierre de programas y acciones, sino que también ocasionó el despido de casi 32.000 trabajadores en menos de tres meses, dando a su vez vía libre para el despido de trabajadores del sector privado, y proponiendo medidas que llevan a criminalizar la protesta. La inseguridad laboral crece, profundizada por una devaluación de más del 40% a la que se somete a la clase trabajadora.
Sumado a ello el progresivo y alarmante ataque a la libertad de expresión que comenzó con la inaceptable detención de la Diputada del Parlasur, Milagro Sala, y al que le sucedieron gravísimos hechos de violación a los derechos humanos y de persecución política e ideológica, acentuados por situaciones de violencia y tortura de las que fueron víctimas varios militantes en los últimos días: los asesinatos del activista senegalés por los DDHH Massar Ba y del docente santiagueño José Domingo Di Pietro, el secuestro y tortura de Lautaro Blengio – militante de derechos humanos y presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Media N 1 Rodolfo Walsh de la localidad de Miramar, los disparos con balas de plomo a militantes de Nuevo Encuentro, la represión a niños de la murga en villa 11-14 por parte de la Gendarmería, la clausura reiterada de unidades básicas, y el sugestivo silenciamento de medios de comunicación opositores.
Todas estos hechos imprimen un contexto de intolerancia y violencia apañado por silencio cómplice del gobierno de Mauricio Macri y los medios de comunicación hegemónicos. Alarman, también, otras políticas asumidas en estos primeros meses de gobierno como las detenciones arbitrarias en la vía pública y las últimas normativas en torno a la emergencia de seguridad que ponen en riesgo derechos sociales y políticos.
Por último, y no por ello menos preocupante, este escenario se ve teñido por la visita del presidente de los EEUU, Barack Obama, país que diseñó la Doctrina de Seguridad Nacional implementada por la última dictadura militar, que viene a reunirse con el presidente Macri este 24 Marzo, en el marco de la conmemoración de estos 40 años.
Por último, y no por ello menos preocupante, este escenario se ve teñido por la visita del presidente de los EEUU, Barack Obama, país que diseñó la Doctrina de Seguridad Nacional implementada por la última dictadura militar, que viene a reunirse con el presidente Macri este 24 Marzo, en el marco de la conmemoración de estos 40 años.
En este marco, los docentes, artistas e investigadores de la U.N.A., seguimos alertas y movilizados, sosteniendo la necesidad de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, comprometidos en la defensa de los derechos conquistados, junto a todos los trabajadores y del campo popular.
Por eso, los invitamos a todos a que este 24 de Marzo marchemos más juntos que nunca, junto a los organismos de DD.HH. hasta la Plaza de Mayo.
L@S ESPERAMOS.
L@S ESPERAMOS.
TENEMOS QUE ESTAR
Karina Mauro (Secretaria de Prensa), Silvana Franco (Secretaria Adjunta), Pablo Limarzi (Secretario General).
ADAI «Prepotencia de trabajo»
Asociación de Docentes, Artistas e Investigadores de la U.N.A.
