No es ninguna novedad que la persecución política constituye uno de los principales instrumentos del gobierno de Macri. A menos de un mes de haber asumido su mandato, Milagro Sala era detenida ilegalmente. Desde aquel 16 de enero de 2016 se ha dado lugar -en nuestro país- a una la larga serie de flagrantes violaciones al Estado de Derecho, denunciadas incluso en los más altos tribunales internacionales, que se han expedido en tiempo y forma exigiendo a la Argentina el cese inmediato de la persecución y el ensañamiento con dirigentes sociales y políticos. El fenómeno se repite en otros países de la región, donde la derecha no ha encontrado otro modo que la proscripción para impedir un gobierno popular.

En estos días, el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner -acusada de liderar una asociación ilícita en base a testimonios de “arrepentidos” y anotaciones de un prolífico chofer fotocopiadas de supuestos “originales” que nadie ha podido presentar a la justicia- amenaza el normal desarrollo de la campaña electoral 2019.

Los y las trabajadoras observamos con gran preocupación esta profundización de la persecución política. Advertimos, además, que la ola persecutoria opera como una suerte de onda expansiva: en menos de una semana, se han dado casos de persecución a representantes gremiales, detenciones a dirigentes sociales y hasta secuestro temporario y tortura a una docente. No es azaroso. Al contrario, se trata de una abierta política represiva. Y se lleva a cabo en un momento de total desorientación en materia de control de las variables económicas cuya consecuencia no es otra que la estrepitosa caída de los salarios, la recesión, la inflación y el aumento de la pobreza.

El secuestro y tortura de la docente Corina de Bonis, el pasado miércoles 12 en Moreno, tuvo su réplica el domingo 16 en la localidad de Ramallo, donde una docente y dirigente gremial de Suteba, Amanda González, fue amenazada mediante una rayadura en el capó de su vehículo: “Acordate de Corina”. Al amedrentamiento anónimo, típico accionar de grupo de tareas o de nostálgicos de aquellos métodos, le siguió el descarado proceder de la Policía de la Ciudad durante la jornada del martes 18, en la cual efectivos de esa fuerza detuvieron ilegalmente (y aplicaron tormentos) a Juan Grabois (CTEP) y a otros dirigentes sociales (Rafael Klejzer y Jaquelina Flores) cuando reclamaban por la liberación de seis vendedores callejeros senegaleses.

La Asociación de Docentes, Artistas e Investigadores de la UNA repudia el accionar de las fuerzas de represión y exige, una vez más, el cese de la persecución política y gremial en la Argentina.

¡Libertad a Milagro Sala!

¡Lula Libre!

¡No al Ajuste! ¡Fuera el FMI!

¡Viva la Lucha de las Universidades Nacionales!

¡Viva la Educación Pública, Gratuita y de Calidad!